Texto de Valeria Towns
El 1 de julio del 2020 el Gobierno de México anunció con bombo y platillo la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). ¿Qué significa este nuevo acuerdo para los cada vez más deteriorados ecosistemas naturales de Norteamérica? En el contexto de una región que enfrenta enormes retos sociales y económicos, ¿dónde queda el medio ambiente?
Este artículo aborda las nuevas disposiciones en materia ambiental previstas en el T-MEC. Como veremos, el nuevo acuerdo de libre comercio tiene aciertos, pero también muchas carencias que deben abordarse de manera urgente para contrarrestar los efectos negativos que el comercio internacional tiene sobre los recursos naturales: cada vez resulta más evidente que el modelo consumista basado en el libre comercio tiene un profundo efecto sobre la conservación de los ecosistemas y que es necesario reorientarlo para mantener un medio ambiente sano que garantice recursos para las generaciones venideras.
Economía y medio ambiente La economía, el comercio y el medio ambiente están íntimamente ligados de múltiples maneras y gran parte del daño ambiental que nuestro planeta enfrenta es causado por el incremento de la actividad económica y el comercio a escala global (Sarangi, 2019). Los minerales, los suelos, las pesquerías e incluso la energía necesaria para producir bienes provienen de la naturaleza. Al final del ciclo, el medio ambiente también recibe los desechos resultantes de las actividades económicas. La evidencia del daño es innegable, los mares se han convertidos en basureros, hay sobrepesca, los suelos se encuentran agotados y contaminados; los bosques y las selvas, deforestados: indicadores de la crisis ambiental que se vive en la actualidad.
El comercio internacional representa una de las piedras angulares de la actividad económica en el mundo, y a la par constituye una causa importante del daño ambiental. Mientras la integración económica avanza, los retos ambientales se vuelven más evidentes, provocando una creciente incongruencia entre los sistemas de leyes y políticas públicas que rigen el manejo de los recursos naturales y el comercio a diferentes escalas (Sarangi, 2019). Los diversos tratados de libre comercio —incluyendo al T-MEC—buscan ser una respuesta a este desencuentro entre la disponibilidad de los recursos naturales y el uso de los mismos, creando un sistema económico regulado que busca compatibilizar los objetivos del comercio internacional y los de la conservación ambiental, maximizando ambos al límite de lo posible. Asimismo, los tratados comerciales como el T-MEC buscan crear un sistema de reglas coherentes entre socios comerciales que superen el caos regulatorio y disminuyan las contradicciones entre sus sistemas regulatorios nacionales.
La necesidad de alinear las políticas públicas en materia de medio ambiente se comenzó a manifestar en los años 1990, después de la Cumbre de Rio (1992). Dicha cumbre influyó para que el tema ambiental fuera incluido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1993, el primer tratado comercial en la historia que incluyó disposiciones relacionadas con el medio ambiente. Las escuetas disposiciones del TLCAN en materia ambiental fueron complementadas en el Acuerdo de Cooperación Ambiental para América del Norte (ACAAN), un instrumento paralelo que fue exigido por el presidente Bill Clinton y la fracción demócrata del Congreso estadounidense para aprobar el TLC, porque temían que México tomara una ventaja comercial de su deficiente marco jurídico y su endeble institucionalidad ambiental. Dicho acuerdo representó un paso fundamental e innovador en la perspectiva del desarrollo sustentable asociado al libre comercio, tomando en cuenta la necesidad de conservar la biodiversidad para garantizar el bienestar social de las generaciones presentes y futuras. Hubo quienes incluso calificaron al TLCAN como “el más verde de los acuerdos comerciales existentes” (Prado Carrera, 2006).
Uno de los resultados positivos derivados del ACAAN fue la creación de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), un organismo trinacional —con sede en Montreal, Canadá—encargado de la cooperación medioambiental en la región norteamericana, que, de acuerdo con sus propios fines, “lleva a cabo labores de investigación; aporta herramientas, información y recursos de capacitación, y brinda un espacio único que facilita la participación ciudadana y de responsables de la toma de decisiones en cuestiones de política ambiental relacionadas con la región de América del Norte” (CCA, 2020). Desde su creación hace 26 años, la CCA ha desarrollado planes y programas de apoyo al comercio responsable y sustentable, incluyendo, por ejemplo, productos como el café de sombra; ha apoyado en la conservación de especies trinacionales como la mariposa monarca, fundó la Red de Áreas Marinas Protegidas y el Fondo de América del Norte para la Cooperación Ambiental, entre otras actividades e iniciativas de generación de conocimiento ambiental y cooperación internacional.
El T-MEC y el ambiente. ¿A que nos comprometimos? Más de un cuarto de siglo después de la firma del TLCAN, los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá reafirmaron su compromiso con el medio ambiente y el desarrollo sustentable, ante la cada vez más innegable evidencia de que el deterioro de los ecosistemas naturales tiene un efecto negativo en el bienestar y en el futuro de la humanidad.
“Esta nueva edición del tratado tiene un elemento innovador, pues incluye en el cuerpo del mismo —y ya no en un acuerdo paralelo— un capítulo de comercio y medio ambiente con compromisos concretos y obligaciones sujetas al mecanismo general de solución de controversias del mismo tratado.”
Esta nueva edición del tratado tiene un elemento innovador, pues incluye en el cuerpo del mismo —y ya no en un acuerdo paralelo— un capítulo de comercio y medio ambiente con compromisos concretos y obligaciones sujetas al mecanismo general de solución de controversias del tratado, lo cual puede dar pie a la imposición de sanciones comerciales por la violación de los compromisos ambientales asumidos. Entre las disposiciones del capitulo ambiental destacan las siguientes:
CCA. Se afirma la importancia de dar continuidad a la CCA en el marco de la firma de un nuevo acuerdo paralelo dedicado por completo a la cooperación ambiental, afirmando su papel como la organización encargada de coordinar diversos proyectos e iniciativas bajo la dirección de las partes, así como la administradora del Proceso de Peticiones Relativas a la Aplicación Efectiva de la Legislación Ambiental (SEM, por sus siglas en inglés).
Contaminación del Aire.El capítulo reconoce la necesidad de proteger la capa de ozono y regular la contaminación atmosférica, que representa una grave amenaza a la salud humana y de los ecosistemas. El artículo en esta materia no es suficiente para regular los gases de efecto invernadero y los efectos del cambios climático, conceptos que son anatema para el actual gobierno estadounidense y que no figuran en el texto del tratado. El hecho de que no esté enunciado o contemplado el tema del cambio climático en este acuerdo significa que no se puede usar como instrumento para imponer sanciones comerciales a quienes ignoren esta responsabilidad planetaria o incumplan con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales en la materia.
Responsabilidad social y corporativa. Aunque se reconoce la importancia de que las empresas sean responsables con el medio ambiente y las comunidades que habitan en los ecosistemas, no se adquieren obligaciones concretas. Se recomienda que los países alienten a las empresas a adquirir responsabilidades voluntarias. Hay un artículo completo que habla de los mecanismos de cooperación voluntaria. Al final nada es obligatorio ni vinculante, estos artículos no “tienen dientes”. El tratado reconoce la importancia de las asociaciones entre los sectores público y privado y subraya la importancia de la transparencia en la participación de las empresas en la conservación y en la sustentabilidad. Estas nociones son positivas y, en principio, están profundamente vinculadas a la conservación de la biodiversidad, pero las obligaciones y compromisos quedan en el aire.
Gestión Forestal Sustentable.En el capítulo ambiental se abordan otros temas relacionados con la conservación de la biodiversidad, con la necesidad de evitar la deforestación y conservar los bosques y selvas para que exista una gestión sustentable de los recursos forestales, obligándose las partes a mantener la capacidad gubernamental y los marcos institucionales para promover la gestión forestal sostenible, algo que en México está lejos de suceder. Tan sólo este año, en el Proyecto de Presupuesto Federal (PPEF), el recorte a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) fue de 8.7%, mermando significativamente su capacidad operativa. Por lo que esta institución mexicana carece de un presupuesto para asumir sus responsabilidades principales, como el combate a incendios forestales, inspección y vigilancia, y tiene menos recursos para continuar con el Programa de Pago por Servicios Ambientales, que consiste en pagar a los dueños de los bosques (ejidos y comunidades) para que los cuiden y los conserven, otro compromiso que también está suscrito en el marco del T-MEC.
Flora y Fauna Silvestres.Un punto sumamente positivo del tratado es que se asume una corresponsabilidad de las partes en el comercio y tráfico ilegal de especies en riesgo, especialmente aquellas listadas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). En el tratado, las partes adquieren un compromiso para asegurar la conservación de la flora y fauna silvestres y evitar su comercio ilegal. Estos compromisos son sumamente positivos si son llevados a la práctica, ya que el tráfico ilegal de especies silvestres es uno de los negocios más lucrativos del crimen organizado, que afecta a más de 6 000 especies y tiene un valor de entre 7 y 23 billones de dólares anuales (Foro Económico Mundial, 2016). Lamentablemente, México está considerado uno de los principales países de los que se extraen ilegalmente flora y fauna silvestres, basta con ver nuestra casi desaparecida población de guacamaya roja en la Selva Lacandona, o el grave problema socio-ambiental que ha provocado el tráfico ilegal de la totoaba en el Alto Golfo de California. Falta más seriedad de parte de nuestras autoridades para combatir esta otra cara del crimen organizado.
Medio Marino y Pesca. Otro de los aspectos que salen a relucir en el capítulo ambiental del T-MEC es una alta importancia a la protección del medio marino y de las pesquerías, donde, evidentemente, existen fuertes intereses comerciales, pero que, además, representa un problema ambiental que nos ha rebasado, sobre todo si consideramos que el 29% de las pesquerías en el mundo están sobreexplotadas (FAO, 2018) y que, de seguir así, se prevé que para 2050 la mayor parte de las pesquerías del mundo estén colapsadas (Worm, 2006). De los 32 artículos del capítulo ambiental, siete se refieren a temas marinos y pesqueros. En dicho capítulo se reconoce que los buques y las flotas pesqueras utilizan los mares territoriales de los tres países y que deben existir acciones claras para evitar contaminarlos con sustancias tóxicas y otro tipo de desechos. Adicionalmente, el capítulo contempla un artículo específico para el tema de la basura marina, un reto internacional de atención urgente que afecta a más de 800 especies marinas y que, de no ser contrarrestado antes de 2050, provocará que haya más plástico que peces en los mares (Jacobs y Miller, 2019). Es de resaltar el detalle con el que se regulan, e incluso establecen, sanciones ante el mal manejo pesquero o la falta de prácticas sustentables y el daño a los mamíferos marinos y otras especies, como tiburones, tortugas. Cinco artículos consecutivos del capítulo 24 detallan aspectos relacionados con la captura de especies marinas silvestres, reconociendo la necesidad de un manejo sustentable de las pesquerías y fortaleciendo a aquellas que lleven a cabo un manejo sustentable y legal. La ilegalidad es un gravísimo problema pesquero, particularmente en México, donde las autoridades en la materia han fallado en realizar inspecciones y vigilancias efectivas. Es por eso que existe un artículo completo que aborda el tema de la Pesca Ilegal No Declarada o No Documentada (INDNR), y que contempla sanciones económicas a las pesquerías que no cumplan con los criterios de sustentabilidad y aplicación de la ley. Promueve, también, el manejo sostenible de pesquerías para prevenir la sobrepesca y la captura incidental, sobre todo de mamíferos marinos a través de herramientas como artes de pesca sostenibles, estableciendo, asimismo, acciones para no afectar a las tortugas marinas, aves e incluso que se impulsen medidas para eliminar la práctica de aleteo de tiburones.
Estos artículos son de suma importancia para México, pues, si nuestras pesquerías no se renuevan y comienzan a caminar hacia el uso de dichas artes pesqueras, perderemos a nuestros principales clientes comerciales. De hecho, eso ocurre ya como consecuencia de la incapacidad de frenar la ilegalidad en el Alto Golfo de California, hábitat de la vaquita marina, especie en alto peligro de extinción. Ante la incapacidad de México para proteger a la vaquita y transitar a las alternativas productivas y artes de pesca sustentables, en 2018 el Gobierno de Estados Unidos impuso restricciones comerciales —es decir un embargo— al producto pesquero de la región, afectando terriblemente la economía de las comunidades de San Felipe en Baja California y Santa Clara en Sonora. Las reglas firmadas en el T-MEC y la falta de avances en el tema del Alto Golfo y la vaquita marina, ponen a México en riesgo de una sanción comercial aún mayor, llegando incluso a la posibilidad de un embargo pesquero nacional.
“Las reglas firmadas en el T-MEC y la falta de avances en el tema del Alto Golfo y la vaquita marina, ponen a México en riesgo de una sanción comercial aún mayor, llegando incluso a la posibilidad de un embargo pesquero nacional.”
Por último, es de resaltar el compromiso que adquieren las partes para eliminar los subsidios a la pesca, fundamentado en el reconocimiento de que se debe prevenir la sobrepesca. Se acordó que, para tal fin, ninguna parte otorgará o mantendrá subvenciones a buques pesqueros listados por los institutos y organizaciones pesqueras reconocidas ni a cualquiera que afecte negativamente a las poblaciones de peces silvestres. Esto tiene enormes implicaciones para nuestro país, dado que la flota industrial y la pequeña flota ribereña han dependido durante años de los subsidios y su economía no está preparada para transformarse de la noche a la mañana. Sin embargo, el proceso ya comenzó a suceder: el propio presidente López Obrador, en la conferencia mañanera del lunes 31 de agosto de 2020, mencionó que no habría subsidios para el diésel marino de la flota camaronera.
La presión por implementar algunos de estos compromisos y las carencias operativas del Estado mexicano no son una buena combinación. Esto puede tener como consecuencia una crisis social irreparable y un cúmulo de sanciones económicas difíciles de revertir. Sin embargo, la política ambiental del México actual no es necesariamente congruente con estas metas. Apostarle a los hidrocarburos en lugar de a las energías renovables, recortar los —ya previamente mermados— presupuestos del sector medio ambiente, reducir el número de gurdaparques y combatientes de incendios y promover la ganadería extensiva, entre otros ejemplos, son políticas públicas incongruentes con el T-MEC y con la posibilidad de heredar un futuro sustentable a las generaciones venideras.
El T-MEC representa una oportunidad enorme para que los tres países demuestren que el paradigma del desarrollo se puede actualizar hacia una visión más sustentable, en la que el bienestar social, el comercio internacional y la conservación de los recursos naturales vayan de la mano. Pero, para que eso suceda, es indispensable cambiar la vieja percepción de que los recursos son inagotables, de que el petróleo es nuestro recurso más valioso y de que el crecimiento económico desmedido es la meta de la humanidad. Cambiar los parámetros con los que medimos la riqueza y el bienestar social y la noción misma de desarrollo, hacia uno que incluya la imperante necesidad de restaurar los ecosistemas y tener un nuevo paradigma en el que aceptemos nuestro vínculo con la naturaleza y lo importante que es mantener un medio ambiente sano para nuestra supervivencia. Estos procesos son responsabilidad tanto de los gobiernos de los tres países como de cada uno de sus habitantes; de no suceder, los avances suscritos en papel quedarán sólo como buenas intenciones imposibles de llevar a cabo.
Bibliografía FAO,“The State of WorldFisheries and Aquaculture 2020”, In brief:Sustainability in action, Rome, 2020. Prado Carreray Gina Jacqueline, La protección ambiental en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte,Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Quintana, Enrique,“El Tratado De Libre Comercio: Alcances e Implicaciones”,Revista Mexicana De Sociología, 1991. Sarangi, U,“Green Economy, Environment and International Trade for Global Sustainable Development”,Journal of International Economics, 2019. Shapiro, Joseph S, “Trade Costs, CO2, and the Environment”, enAmerican Economic Journal: Economic Policy, 2016. Wilson-Wilde, L, “Wildlife crime: a global problema”,Forensic science, medicine, and pathology, 2010. Worm, B, et. al, “Impacts of biodiversity loss on ocean ecosystem services”,Science, 2006. Jacobs, R., & Miller, J. The Ocean Pollution Crisis, 2019
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